Se ha puesto en evidencia la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en el servicio público. Las recientes denuncias de corrupción, como el caso del exgobernador Eruviel Ávila, destacan la importancia de abordar estos problemas con determinación y eficacia.
El caso de Eruviel Ávila es particularmente alarmante, ya que ha sido objeto de múltiples señalamientos que revelan prácticas cuestionables durante su gestión. Desde su asociación con empresarios del Grupo Atlacomulco hasta el desvío de miles de millones de pesos, las acusaciones contra Ávila son variadas y significativas. Durante su primer año como gobernador, se identificó un posible mal manejo de fondos federales destinados a la salud y programas sociales.
La denuncia penal contra Eruviel Ávila por peculado y desvío de recursos destaca la necesidad de mayor frecuencia y rigor en las auditorías. La actual gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, ha instado a que se esclarezca el destino de los recursos asignados a proyectos durante la gestión de Ávila, subrayando la importancia de no permitir la impunidad.
Lamentablemente, las prácticas de ocultar fortunas mediante el uso de prestanombres y la subdeclaración de ingresos son comunes entre los funcionarios públicos. Estos métodos permiten a los políticos mantener un estilo de vida lujoso sin que sus activos aparezcan en sus declaraciones oficiales.
La transparencia no es solo un concepto abstracto; es una necesidad crucial para el funcionamiento saludable de nuestra democracia. Los ciudadanos tienen el derecho de conocer cómo se manejan los recursos públicos y quiénes son los responsables de su administración. Sin transparencia, no hay rendición de cuentas, y sin rendición de cuentas, no hay justicia.